La Comunidad de Madrid dará un paso inédito en España en materia de protección de la investigación científica. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobará este miércoles el proyecto de su nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contempla la creación de un Comité de Seguridad pionero en el país para analizar los riesgos de los proyectos internacionales en los que participen investigadores e instituciones madrileñas. El nuevo órgano, que no cuenta con precedentes en la legislación estatal ni autonómica en materia científica, tendrá entre sus principales cometidos evaluar los trabajos que empleen tecnologías sensibles para evitar que se produzcan transferencias no deseadas de conocimientos desarrollados en los centros de investigación de la región. También prestará apoyo a estas instituciones para que puedan adoptar medidas preventivas ante posibles injerencias extranjeras o conflictos de intereses. La iniciativa incorpora así las directrices de la Unión Europea en materia de seguridad de la investigación, en un contexto en el que la cooperación científica internacional exige también extremar las precauciones para proteger los avances tecnológicos y el conocimiento generado en las instituciones. El proyecto de ley, que el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles y posteriormente remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación, pretende modernizar por completo el marco normativo que regula la actividad científica en la región. La legislación actual data de 1998, por lo que el Ejecutivo autonómico considera necesario actualizarla para adaptarla a las transformaciones experimentadas por el sector durante las últimas décadas y a la normativa estatal. La nueva norma establecerá las bases para ordenar y coordinar el Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), identificando a los distintos agentes que lo integran y regulando tanto su funcionamiento como el papel de sus profesionales. También fijará cómo se planifican los objetivos de este ámbito y los recursos e instrumentos de los que dispondrán las instituciones para alcanzarlos. Entre sus novedades figura, además, el reconocimiento legal de las fundaciones IMDEA y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, así como la incorporación de medidas destinadas a reforzar la proyección internacional de los centros, universidades y especialistas madrileños. El Gobierno regional busca, asimismo, que la investigación no quede circunscrita al ámbito académico y científico, sino que sus resultados puedan trasladarse con mayor facilidad al tejido empresarial y convertirse en soluciones útiles para la sociedad. La ley pretende favorecer esa transferencia de conocimiento, responder a las necesidades de los ciudadanos y abrir nuevas oportunidades económicas. Para ello, el texto contempla también una simplificación de los procedimientos administrativos que permita reducir la burocracia y agilizar el desarrollo de los proyectos. A esta apuesta se suma el impulso de la divulgación científica, con el propósito de acercar a los ciudadanos el trabajo que desarrollan las instituciones de investigación de la Comunidad de Madrid.
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