El gobierno italiano ha tomado una decisión que ha generado preocupación entre los sectores más vulnerables de la población. Mientras se destinan recursos para permitir que los trabajadores sanos se jubilen a los 64 años, se han cancelado 500 millones de euros destinados a mejorar la asistencia domiciliare, crear plazas en residencias de ancianos y simplificar la burocracia para las familias. Esta medida deja a los ancianos y discapacitados sin el apoyo necesario, generando un aumento en la carga para las familias y un empeoramiento en la calidad de vida de los afectados. La falta de inversión en estos servicios esenciales evidencia una falta de prioridad en la protección de los más vulnerables.
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