Durante los primeros nueve meses de 2026, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicado 101 normas que discriminan contra la lengua catalana y los catalanoparlantes, según un análisis realizado por la entidad catalanista Plataforma per la Llengua. Estas disposiciones, que incluyen normativas estatales, europeas e internacionales, privilegian el uso del castellano sobre el catalán en territorios catalanoparlantes y en instituciones que los gobiernan. La Plataforma destaca que la Agencia Española de Protección de Datos ha sido la entidad estatal que más disposiciones catalanófobas ha promovido en el tercer trimestre del año, exigiendo el uso del castellano en convocatorias de premios. Además, una orden del Ministerio de Sanidad también ha establecido que las instrucciones de uso de productos ortopróticos deben ser en castellano. Esta serie de disposiciones refleja la jerarquía lingüística establecida por la Constitución española, que otorga al castellano el estatus de lengua oficial exclusiva del Estado, mientras que otras lenguas cooficiales solo lo son en sus territorios. La Plataforma per la Llengua sostiene que esta normativa discriminatoria con el catalán reproduce el esquema jerárquico de la Constitución, que se refleja tanto en la normativa estatal como en la europea.
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