El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una regularización extraordinaria de inmigrantes, con la previsión de beneficiar a cerca de medio millón de personas. La medida se ha llevado a cabo mediante un real decreto, sin someterla a una votación de convalidación en el Congreso, lo que ha generado críticas tanto al procedimiento político como a los medios disponibles para ejecutarla. La iniciativa abre un camino excepcional para obtener permisos de residencia y trabajo a personas que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditasen al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida. La autorización inicial tendría una duración de un año. Además, la admisión a trámite permitía residir y trabajar provisionalmente mientras se resolvía el expediente. El procedimiento no exigía un contrato de trabajo a todos los solicitantes. Para las personas en situación irregular se contemplaban alternativas vinculadas a la unidad familiar o a la vulnerabilidad, que podía acreditarse mediante un certificado de los servicios sociales o de entidades habilitadas. Entre los requisitos figuraban carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. La puesta en marcha ha agravado el enfrentamiento con los empleados de Extranjería. CCOO convocó una huelga indefinida y los funcionarios denunciaron que el aumento de la demanda estaba provocando situaciones de saturación. Las advertencias sobre la carga de trabajo habían comenzado en marzo, antes de la aprobación definitiva de la medida. También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuestionó la vía elegida por el Gobierno y calificó de «un error total» que la regularización no pasara por el Parlamento. Una operación de enorme alcance administrativo arrancaba así con críticas tanto al procedimiento político como a los medios disponibles para ejecutarla.
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