El Gobierno español ha respaldado la implementación de nuevos gravámenes a sectores que son grandes contribuyentes de emisiones de gases de efecto invernadero. La intención es que estas actividades financieramente penalicen su impacto ambiental para contribuir a la financiación de programas que buscan mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Esta medida se enmarca en la estrategia nacional para abordar el calentamiento global y promover prácticas más sostenibles en la industria.
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