La Contraloría General de la República de Chile ha detectado una situación preocupante: más de 300 personas trabajan en el Estado a pesar de mantener condenas vigentes. Este hallazgo pone en evidencia una brecha en el control de antecedentes penales de los funcionarios públicos. Carabineros lidera el listado con 84 funcionarios en esta situación, seguido de otras instituciones ligadas a la seguridad, el Código del Trabajo, y diversas categorías como auxiliares, profesionales, honorarios, técnicos, administrativos, directivos, y otros. El órgano contralor ha mandatado a cada institución realizar una investigación para determinar eventuales responsabilidades. Esta situación no solo cuestiona la integridad de las instituciones involucradas, sino que también levanta interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y selección del personal en el sector público. La gravedad del asunto radica en que estas personas, a pesar de sus condenas, ocupan puestos que podrían poner en riesgo la seguridad y el orden público. La Contraloría espera que las investigaciones revelen detalles adicionales y se tomen medidas correctivas necesarias. Fuente: The Clinic
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