El Reino Unido ha abierto un nuevo frente de presión diplomática sobre Israel. Por primera vez, el Gobierno británico ha impuesto sanciones directamente contra empresas constructoras y promotoras inmobiliarias israelíes que operan en los asentamientos de la Cisjordania ocupada. La decisión busca limitar su acceso a financiación y dificultar nuevos proyectos urbanísticos, en un momento especialmente delicado por el avance del plan E1, una iniciativa que amenaza con dividir territorialmente Cisjordania y comprometer la continuidad de un futuro Estado palestino. El anuncio, realizado por el Ministerio de Exteriores británico, también incluye medidas contra Tsav 9, una organización israelí a la que Londres acusa de bloquear regularmente camiones con alimentos, agua y combustible destinados a la población de Gaza. La respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu no se ha hecho esperar: el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha calificado las sanciones de acto hostil y ha anunciado que Israel estudia represalias. El paquete afecta a ocho compañías constructoras, promotoras e inmobiliarias vinculadas a la actividad en los asentamientos israelíes de Cisjordania. Según la información difundida por el Gobierno británico, el objetivo es cortar sus fuentes de financiación y reducir su capacidad para continuar desarrollando proyectos en territorio ocupado. De este modo, la medida pretende actuar sobre la infraestructura económica que sostiene la expansión de los asentamientos y no limitarse a condenar políticamente las decisiones del Ejecutivo israelí. Sin embargo, existe una incógnita importante, ya que no está claro qué volumen de financiación de estas empresas procede del Reino Unido ni hasta qué punto las restricciones británicas tendrán consecuencias directas sobre sus operaciones. El alcance práctico dependerá, entre otros factores, de sus relaciones financieras, comerciales y societarias con entidades británicas. Las sanciones pueden dificultar el acceso a determinados servicios y recursos vinculados al sistema financiero del Reino Unido, pero su eficacia será más limitada si las compañías mantienen alternativas suficientes en otros mercados. Londres ha actuado esta vez de manera unilateral. En junio, Reino Unido había coordinado con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Francia una serie de medidas contra seis organizaciones y un particular relacionados, según esos gobiernos, con la expansión de los asentamientos y la violencia de colonos contra palestinos. La nueva decisión amplía la presión a empresas del sector inmobiliario y de la construcción. El momento elegido para anunciar las sanciones no es casual, ya que la decisión coincide con el cierre del plazo para presentar ofertas en la licitación del proyecto E1, una de las iniciativas urbanísticas más controvertidas de Cisjordania. Este plan contempla la construcción de viviendas en una zona situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Ma’ale Adumim. En consecuencia, su desarrollo podría dificultar la conexión territorial entre el norte y el sur de Cisjordania, además de separar todavía más Jerusalén Este de las áreas palestinas circundantes. La preocupación internacional se centra en sus consecuencias geográficas y políticas. Para que un futuro Estado palestino pueda funcionar, necesitaría una continuidad territorial suficiente para conectar sus principales núcleos de población. La construcción en E1 podría fragmentar ese espacio y hacer más compleja cualquier negociación sobre fronteras, movilidad y soberanía.
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