Colombia se encuentra ante un reto significativo: cómo financiar el bienestar social sin comprometer el futuro económico. El proyecto de Ley de Rescate Económico propone ajustes en el gasto, pero surge la pregunta de si estos recortes son suficientes para mantener el equilibrio entre las necesidades actuales y las oportunidades para el mañana. Durante décadas, el país ha ampliado derechos y prometido bienestar, pero la economía ha crecido demasiado despacio para financiar estos compromisos. La diferencia en el PIB per cápita con países vecinos como Costa Rica y Panamá es incómoda y plantea interrogantes sobre la productividad y la capacidad de generar riqueza. El Gobierno plantea un ajuste del gasto cercano a un punto del PIB, incluyendo reducciones en la nómina y en los contratos de servicios. Sin embargo, estas medidas no pueden ser el proyecto de país. Colombia necesita aspirar a duplicar su ingreso real por habitante en una generación, lo que requiere inversión, empresas en crecimiento, regiones conectadas y empleos formales mejor remunerados. La inteligencia artificial añade otra dimensión a este desafío, ya que puede transformar profesiones y las fuentes de ingresos. La pregunta es cómo estamos preparando el contrato social para la economía que viene. La solución no es abandonar el contrato social, sino evitar que sus promesas se vuelvan incumplibles, revisando prioridades y rediseñando compromisos futuros con reglas claras y transiciones justas.
También lo cubren: La República.
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