La Ley de Rescate Económico presentada recientemente plantea un ajuste fiscal que alcanzará el 4,74% del PIB en 2030. Según el informe de Anif, este aumento desde el 2,4% en 2027 equivale a cerca de $95,5 billones. La propuesta, aunque respaldada por varios sectores, ha sido criticada por su impacto en los ingresos de los hogares. El ajuste se compone de un 54% de mayores impuestos y aportes, un 35% de recortes del gasto público y un 11% del mayor recaudo asociado al crecimiento económico. Las medidas tributarias, incluyendo una nueva tarifa del 9% para ingresos entre 720 y 1.090 UVT, limitación de la renta exenta y eliminación de deducciones, afectarán a 2,4 millones de personas que actualmente no pagan el impuesto. Además, las cotizaciones a salud verán un cambio con una tarifa progresiva, impactando a cerca de dos millones de trabajadores asalariados y 87.000 independientes formales. Las exoneraciones de aportes parafiscales y de salud de los empleadores elevarán los costos laborales en $10,9 billones anuales, afectando a 1,3 millones de trabajadores formales. Aunque el mayor costo recaería inicialmente sobre las empresas, podría trasladarse parcialmente a los hogares. El Ejecutivo ha pedido acelerar el trámite de la iniciativa, con un plazo límite hasta el 16 de diciembre para su aprobación.
También lo cubren: La República.
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