El Gobierno de Ceuta ha llevado a los tribunales al Gobierno de España por las facturas de pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados (menas) después del asalto masivo de casi 100.000 personas el pasado julio. La Ciudad Autónoma sostiene que esas actuaciones no deben pagarse con las arcas de la ciudad autónoma, sino que corresponde asumirlas al Ministerio de Sanidad, concretamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). El nuevo expediente afecta a 14 facturas de octubre, por un importe conjunto de 4.939,58 euros. Se trata de los únicos menas cuya condición de menores no era posible determinarla a simple vista. Además, un informe del 112 muestra un grave incremento en la inseguridad y las emergencias tras la crisis migratoria, registrándose fuertes aumentos en agresiones sexuales y ataques con armas. El Gobierno ceutí presenta esas cifras como prueba del 'grave deterioro' de la seguridad tras el asalto de julio y reclama una respuesta estatal de mayor alcance. #Ceuta #Migración #Seguridad
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