España ha presentado un plan ambicioso para dejar atrás los combustibles fósiles. Para 2040, el país aspira a que toda su electricidad provenga de fuentes renovables. Y para 2050, busca que prácticamente toda la energía consumida sea renovable. Este cambio busca reducir emisiones, limitar la dependencia internacional y ganar independencia energética. La propuesta presentada por el Gobierno en la COP31 de Antaly no consiste únicamente en instalar más placas solares o aerogeneradores. Lo que plantea es modificar la manera en la que España produce, distribuye y consume energía. En otras palabras, reducir progresivamente el peso de los combustibles fósiles hasta que dejen de ser necesarios en prácticamente todos los ámbitos de la economía. El primer gran objetivo está fijado para 2040. Para entonces, el Ejecutivo pretende que el 100% de la electricidad proceda de fuentes renovables y que el petróleo, el gas y sus derivados hayan desaparecido de sectores como el residencial, el primario y la movilidad urbana. Diez años después llegaría el siguiente paso: conseguir que prácticamente toda la energía utilizada en el país, incluida la que necesitan los transportes y la industria, tenga origen renovable. ¿Qué se busca con este cambio? Reducir las emisiones contaminantes, limitar la exposición de España a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo y el gas y ganar independencia energética. También supone apostar por nuevas actividades industriales y tecnológicas vinculadas a la producción de energía limpia. Aunque España ya cuenta con una presencia importante de energías renovables, sustituir los combustibles fósiles no será una tarea sencilla. El principal problema es que generar electricidad limpia no significa haber conseguido que toda la economía funcione sin petróleo ni gas. El transporte pesado, la aviación, los barcos y determinadas actividades industriales necesitan soluciones que todavía deben desarrollarse y extenderse. Por eso, la hoja de ruta contempla medidas de electrificación, eficiencia energética y nuevas tecnologías, entre ellas el hidrógeno verde y otros gases renovables. El calendario también obliga a acelerar los compromisos anteriores. Para 2030, España tiene previsto alcanzar un 81% de electricidad renovable y que las fuentes limpias representen el 48% de toda la energía consumida. Actualmente, la electricidad renovable ronda el 57%. La diferencia entre ambos indicadores es importante: el reto no consiste solamente en producir energía limpia, sino en conseguir que coches, edificios, fábricas y otros sectores puedan utilizarla. Esto exigirá inversiones, nuevas infraestructuras y cambios que también tendrán consecuencias para los hogares y las empresas. La mayor incertidumbre no está únicamente en la tecnología o en el dinero necesario para cumplir los objetivos. También está en la política. La hoja de ruta llega en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre y su continuidad dependerá, en buena medida, de las prioridades del próximo Ejecutivo. Una victoria de la derecha podría ralentizar o modificar algunos compromisos. El PP plantea revisar los plazos de aplicación de las medidas climáticas y reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Vox, por su parte, propone eliminar distintas restricciones relacionadas con las emisiones y los motores de combustión. En cambio, una victoria de la izquierda ofrecería más posibilidades de mantener la dirección planteada por el actual Gobierno, dado que sus programas incluyen medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El escenario, por tanto, sigue abierto. España tiene sobre la mesa un horizonte energético que podría cambiar su economía durante las próximas décadas, pero anunciar objetivos no garantiza que se cumplan. La continuidad de las inversiones, la adaptación de la industria y la capacidad de ofrecer alternativas asequibles serán determinantes. La transición tampoco podrá medirse únicamente por la cantidad de energía renovable instalada. Su éxito dependerá de que el país consiga abandonar progresivamente el petróleo y el gas sin trasladar el coste del cambio a los consumidores más vulnerables. Ese será el verdadero examen de un compromiso que apunta a 2050, pero cuyas decisiones más importantes empiezan mucho antes.
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