Este artículo es parte de la serie Spotlight de noviembre de Global Voices, 'Justicia como infraestructura'. En este Spotlight, Global Voices se asocia con el Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho (HiiL) para resaltar cómo la justicia funciona como infraestructura crítica para cualquier sociedad. Puedes apoyar esta cobertura donando aquí. Imagina a una mujer que enfrenta desalojo y recurre a un chatbot AI para ayuda. Explica sus derechos y redacta una carta a su arrendador. Pero ella no puede permitirse un abogado, no sabe dónde enviar la carta y no tiene una institución que pueda hacer cumplir sus derechos de manera justa. El chatbot ha facilitado la comprensión de la ley, pero ¿la ha acercado a la justicia? Un estudio de septiembre de 2026 realizado por la organización británica JUSTICE y el Laboratorio de Justicia Administrativa encontró que uno de cada seis encuestados del Reino Unido que habían experimentado una disputa legal había utilizado un chatbot AI. Los investigadores examinaron 77 conversaciones que involucraban preguntas sobre derechos, correspondencia legal, quejas y procedimientos judiciales. Sin embargo, no pudieron establecer si estas interacciones ayudaron a resolver las disputas. Sabemos más sobre cómo las personas utilizan la IA para obtener ayuda legal que sobre si esto cambia sus circunstancias. Esa distinción es importante. Se estima que 1.500 millones de personas en todo el mundo no pueden obtener justicia para sus problemas. Las Encuestas de Necesidades de Justicia de HiiL, que cubren a más de 150.000 personas en 20 países, muestran que solo alrededor de cuatro de cada diez logran una resolución justa. La IA podría ayudar a abordar esta brecha, pero es importante entender dónde comienza y termina su contribución. Las personas que enfrentan problemas legales pueden no saber si lo que les sucedió es ilegal, dónde buscar ayuda o cómo navegar por un proceso desconocido. La asesoría legal es costosa, los servicios pueden ser difíciles de alcanzar y las instituciones intimidantes. Las herramientas de IA diseñadas específicamente pueden explicar los derechos claramente, organizar la información, preparar documentos e identificar los servicios relevantes. Las herramientas basadas en voz también pueden llegar a personas con limitada alfabetización o sin smartphones o internet confiable. Los pilotos iniciales están arrojando resultados prometedores. En Australia, Hear Me Out, desarrollado por el Proyecto Nacional de Justicia y la Universidad de Nueva Gales del Sur, ayuda a las personas a identificar el organismo de quejas apropiado, entender el proceso y preparar documentos de apoyo. Su piloto ayudó a más de 400 quejas, ayudando a las personas a convertir experiencias de injusticia en quejas que pueden ser perseguidas. En Nigeria, el Podus AI de Citizens' Gavel ayuda a las personas a entender sus derechos legales, redactar peticiones y quejas, e identificar las agencias gubernamentales responsables de abordarlas. Desde su lanzamiento en marzo de 2024, la plataforma ha incorporado a más de 33.000 usuarios. Estos son desarrollos significativos. Pero el número de herramientas y personas asistidas cuenta solo parte de la historia. ¿Qué sucede después de que alguien presenta una queja? Entender los derechos no significa poder ejercerlos. Un inquilino puede saber que un desalojo es ilegal pero no tener adónde acudir; un pequeño empresario puede preparar una reclamación pero carecer de los medios para perseguirla. Una persona que experimenta abuso doméstico puede enfrentar barreras prácticas, financieras o de seguridad para buscar protección. Otro desafío es lograr que la otra parte participe. En la resolución de disputas, este es conocido como el 'problema de presentación', un concepto desarrollado por los economistas William Landes y Richard Posner. Un proceso funciona solo si ambas partes están dispuestas a negociar, aceptar la mediación o someterse a una decisión de terceros. La IA puede ayudar a preparar una reclamación, pero no puede persuadir a un arrendador para negociar, obligar a un empleador a pagar salarios o hacer que una empresa responda. Incluso cuando las partes llegan a un acuerdo, no hay garantía de que se respete. Sin mecanismos para apoyar el cumplimiento y hacer cumplir los resultados, un acuerdo en papel puede tener poco efecto práctico.
Ver más en NewsToday