¿Puede un acreedor solicitar el concurso de una persona física?

Fuente: Economist & Jurist · juridica · nacional, España

¿Puede un acreedor solicitar el concurso de una persona física?

La posibilidad de que un acreedor promueva la declaración de concurso de una persona física es un tema especialmente relevante en la práctica concursal. Este escenario se vuelve crucial cuando el deudor no desarrolla una actividad empresarial o profesional. La pregunta que surge es doble: ¿puede el acreedor acudir al concurso en estos casos? Y, si es así, ¿qué requisitos debe reunir su solicitud? La respuesta exige diferenciar entre la condición personal del deudor, la legitimación del solicitante, la concurrencia de insolvencia y la acreditación de los hechos que la revelan. También requiere valorar la utilidad real de la iniciativa cuando el deudor carece aparentemente de patrimonio o puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. El punto de partida es el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), que establece que la declaración de concurso procede respecto de cualquier deudor, ya sea persona natural o jurídica. Por tanto, el régimen concursal no queda reservado a sociedades mercantiles ni a personas físicas empresarias. A esta previsión se añade el artículo 3.1 TRLC, que reconoce legitimación para solicitar el concurso al deudor y a cualquiera de sus acreedores. La existencia de una deuda vencida e impagada no determina, por sí misma, que proceda la declaración de concurso. El artículo 13.1 TRLC exige que el acreedor exprese el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual de su crédito; además, debe acompañar los documentos acreditativos e identificar el hecho o los hechos externos reveladores de la insolvencia en los que funda su solicitud. El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia. El artículo 2 TRLC define la insolvencia actual como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles y contempla también la insolvencia inminente. Sin embargo, la solicitud presentada por un acreedor debe fundarse en alguno de los hechos externos del artículo 2.4 TRLC, no en una mera previsión de insolvencia futura. La elección del hecho revelador y la solidez de su acreditación son, por tanto, elementos centrales para la viabilidad de la solicitud. El deudor frente al que se presenta la solicitud conserva íntegramente su derecho de defensa. Conforme al artículo 20 TRLC, puede oponerse por falta de legitimación del solicitante, inexistencia del hecho externo invocado o inexistencia actual de insolvencia pese a haberse producido ese hecho. La distribución de la carga de la prueba es especialmente relevante. Cuando el deudor alegue que no se encuentra en estado de insolvencia, le corresponde acreditar su solvencia. Si formula oposición, se celebrará una vista; y, si no comparece, el juez declarará el concurso, según el artículo 22 TRLC. Este régimen evita que el concurso necesario se convierta en un mecanismo automático de presión frente a cualquier impago, pero permite que el acreedor promueva la declaración cuando concurran datos objetivos de insolvencia. El concurso de una persona física puede ser declarado sin masa cuando concurra alguno de los supuestos del artículo 37 bis TRLC: inexistencia de bienes o derechos legalmente embargables, coste de realización manifiestamente desproporcionado, bienes libres de cargas de valor inferior al coste previsible del procedimiento o gravámenes superiores al valor de mercado de los bienes y derechos. La inexistencia aparente de patrimonio no convierte necesariamente la solicitud en inútil. En el concurso sin masa, los acreedores que representen al menos el cinco por ciento del pasivo pueden solicitar el nombramiento de administrador concursal para que emita informe sobre la posible existencia de actos perjudiciales rescindibles y sobre eventuales indicios de concurso culpable, de acuerdo con el artículo 37 ter TRLC. Fuente: Economist & Jurist

🔗 Leer la noticia completa en Economist & Jurist

Ver más en NewsToday