Crisis en refugios municipales

Fuente: IUS360 · juridica · nacional, España

En el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, funcionaba el refugio animal Coquena, el único hogar para animales de compañía callejeros y abandonados de esa localidad. Su representante legal, la señora Claudia Liliana Sánchez Bustamante, se había ocupado de él durante más de catorce años y cubría los gastos mediante rifas, ventas y la ayuda ocasional de la comunidad y de la administración municipal. El refugio albergaba a unos 400 perros y gatos, que consumían diariamente 100 kilos de alimento para perros y 16 kilos para gatos. El 14 de mayo de 2025, el personero municipal de Roldanillo, Diego Fernando Franco Arcila, presentó una petición ante la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal del Valle del Cauca. Expuso los problemas del refugio, como el hacinamiento, la falta de ventilación y de presencia veterinaria y las filtraciones de agua, y solicitó mejorar su infraestructura, asegurar el suministro de alimentos e insumos y fortalecer el acompañamiento institucional. La respuesta de la Subsecretaría se limitó a informar sobre una visita al refugio, la atención de los animales y unas recomendaciones remitidas a la Alcaldía. Por considerarla incompleta, el personero interpuso una acción de tutela. Durante el trámite, la propia Subsecretaría constató la gravedad de la situación. Los perros solo estaban vacunados contra la rabia; apenas 20 de los aproximadamente 200 perros no presentaban lesiones aparentes en la piel y los cuatro perros examinados mediante raspado cutáneo resultaron positivos para sarna sarcóptica, una enfermedad contagiosa que también puede transmitirse a las personas. El Juzgado Primero Penal Municipal de Roldanillo amparó el derecho de petición del personero, pero declaró improcedente la tutela en lo relativo al bienestar animal, porque consideró que existía otro medio, la acción popular. El Juzgado Penal del Circuito confirmó esa decisión y añadió que los animales no son titulares de derechos fundamentales y que, para protegerlos, existen la acción popular y la acción de cumplimiento. Mientras el caso se encontraba en revisión, ocurrió un hecho decisivo. El Tribunal Superior de Cali dio por terminado el contrato de arrendamiento del predio donde funcionaba el refugio y ordenó su entrega a más tardar el 21 de febrero de 2026, por lo que Coquena quedó sin un lugar donde continuar operando. La Sentencia T-153 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia aborda precisamente esta realidad y responde una pregunta clave: ¿quién debe hacerse cargo de los animales de compañía abandonados en un municipio? La sentencia fue dictada el 29 de mayo de 2026 por la Sala Séptima de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien fue el ponente. En el presente comentario se exponen, en primer lugar, los hechos del caso y las decisiones de los jueces de instancia. En segundo lugar, el análisis de procedencia realizado por la Corte. En tercer lugar, las obligaciones que la Corte identificó a cargo de los municipios. Finalmente, se plantean algunas reflexiones sobre el alcance de la decisión. #RefugiosAnimales #ResponsabilidadMunicipal #DerechosAnimales

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