La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio contra 17 acusados de una pieza del caso 3% por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas en Cataluña entre 2008 y 2015. Los principales acusados son Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, ex presidente y director general de Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, quienes habrían concedido contratos a un cártel de empresas. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre seis años y tres meses a ocho años y nueve meses de prisión por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación. El juicio se centra en la supuesta connivencia entre los acusados y un cártel de empresas que fijaba precios para asegurarse contratos. Además, el tribunal ha resuelto que es competente para juzgar este procedimiento, a pesar de las reclamaciones de las defensas. Los acusados declararán al final del juicio. La investigación se inició en 2015 tras el hallazgo de tres anuncios de licitaciones en la sede de Convergència. Un responsable de la Guardia Civil, coordinador de la investigación, ha explicado que las adjudicaciones eran decididas por Andreu Viloca, quien luego ejecutaba Quer y Rosell. Viloca es acusado en el caso del 3%, pero no en este procedimiento. Los abogados de los acusados han pedido la dispensa del juicio hasta que declaren sus clientes, lo cual ha sido aceptado por el tribunal. La fiscal relata que las empresas formaron un cártel denominado 'Nuria Bofill' para pactar precios en concursos licitados por administraciones y sociedades públicas, excluyendo a otros competidores. Los líderes del pacto eran Josep Narcís Arderiu y Tomás Blai, según la Fiscalía. La mayoría de los acusados eran directivos de empresas de ingeniería.
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