La Comunidad de Madrid está ultimando un nuevo reglamento que cambiará los requisitos para acceder a una vivienda protegida y simplificará algunos trámites. Entre las principales novedades figuran la recuperación del alquiler con opción a compra y nuevas modalidades de vivienda con espacios compartidos. El proyecto también exigirá hasta diez años de empadronamiento en la región para acceder a promociones en venta o destinadas a uso propio. Además, se excluirán de este acceso las personas condenadas por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles en los últimos cinco años. También se consideran excepciones para quienes tengan una vivienda en propiedad pero atraviesen circunstancias excepcionales, como separaciones, violencia de género, discapacidad, dependencia, problemas de accesibilidad y necesidades de espacio de las familias numerosas. El nuevo reglamento también pretende ampliar las alternativas residenciales con viviendas que incorporen espacios compartidos o comunitarios, alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos, y fórmulas de cesión de uso. La normativa, además, establecerá condiciones específicas para las viviendas destinadas a familias numerosas. El proyecto busca simplificar algunos procedimientos administrativos. Para ello, permitirá utilizar la declaración responsable en determinados trámites relacionados con el reconocimiento definitivo de una vivienda protegida, el acceso, el alquiler y los cambios de titularidad. Este documento permite al interesado declarar que cumple los requisitos exigidos, sin tener que esperar a completar determinados trámites previos. No obstante, la Administración conservará sus funciones de comprobación e inspección posteriores. El nuevo texto sustituirá al reglamento vigente desde 2009 y pretende establecer unas condiciones más claras tanto para los promotores y propietarios como para las personas que soliciten una vivienda protegida. Otra de las medidas previstas afecta a la duración de la protección de las viviendas públicas. Los pisos promovidos por la Comunidad de Madrid o que sean de su propiedad mantendrán su condición de vivienda protegida de forma indefinida. Esta medida también podrá aplicarse, en determinados casos, a otros inmuebles de titularidad pública. El objetivo es evitar que estas viviendas pierdan su carácter protegido y garantizar que sigan destinadas a este uso residencial. Una vez recibido el informe, la Comunidad de Madrid deberá completar los trámites necesarios para aprobar definitivamente la normativa que sustituirá a la actual, vigente desde 2009.
También lo cubren: Telemadrid, Telemadrid - Portada.
Ver más en NewsToday