Las comunidades que buscan justicia en los tribunales se enfrentan a costosas demandas, litigiosidades prolongadas y etiquetas dañinas. Las grandes compañías petroleras, como Shell, y la industria extractiva utilizan la ley para ahogar a las naciones africanas vulnerables en más deuda. Un ejemplo claro es el caso de las comunidades pesqueras de la Costa Salvaje en Sudáfrica, que llevaron a Shell y sus socios ante 19 jueces en tres cortes y ganaron. Este caso histórico citó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 2025, que establece que los gobiernos tienen el deber legal de prevenir el daño climático. Sin embargo, Shell utilizó tácticas legales para retrasar el proceso, aplicando para renovar su derecho de exploración sin que las comunidades lo supieran. Aunque la Corte Suprema de Apelación de Sudáfrica reconoció que el derecho era ilegal, lo mantuvo vivo. Finalmente, la Corte Constitucional tuvo que intervenir para poner fin a este derecho, advirtiendo que permitir lo contrario 'permitiría que la inversión financiera supere las graves violaciones constitucionales'. Las comunidades solo pedían ser consultadas, pero lograrlo tomó casi cinco años de litigio largo y doloroso. Mientras tanto, cada mes en la corte cuesta dinero a un pueblo pesquero que no tiene y tiempo que su gente debería estar en el mar y ganarse la vida. Para Shell, los costos legales son solo un ítem en el presupuesto. La mayoría de las comunidades nunca inician esa lucha. Y las que lo hacen, decididas a proteger sus medios de vida, tienen que sobrevivir a una empresa que puede traer todas las armas legales a la mesa. En la COP31 en Antalya, Turquía, el Secretario General de la ONU, António Guterres, instó a los gobiernos a 'pasar de discutir la transición a organizarla'. La industria de combustibles fósiles ya está organizando, en tribunales y parlamentos, para hacer que la acción climática sea legalmente riesgosa para cualquiera que intente hacerlo, ya sea un pueblo pesquero o un ministerio del medio ambiente. Las comunidades que entran en la lucha y llevan a los perpetradores a los tribunales son etiquetadas como 'anti-desarrollo', y sus casos son descartados como 'guerra legal'. La palabra merece una pausa y una definición adecuada. La guerra legal es el uso del proceso legal como arma: caso tras caso, apelación tras apelación, presentada no para resolver una consulta legal real, sino para agotar a la otra parte hasta que se rinda. #Shell #LitigoClimatico #JusticiaLentamente
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