Portugal necesita un Estado más eficiente y rápido en sus decisiones. Demasiadas decisiones están atascadas en procesos lentos, lo que afecta negativamente a la inversión pública. Simplificar estos procesos es necesario, pero hay que tener cuidado de no eliminar el control necesario. En abril de este año, el Gobierno presentó una propuesta para modificar la Ley de Organización y Proceso del Tribunal de Cuentas, aprobada por la Asamblea de la República el 21 de octubre. Una de las principales modificaciones está en la fiscalización previa de los contratos públicos. El nuevo modelo eleva el umbral para el visto previo de 750 mil euros a 7,5 millones de euros. Esto significa que contratos de hasta 7,5 millones de euros quedarán, en general, exentos de este control previo. Sin embargo, aún tendrán que ser comunicados al Tribunal si superan los 950 mil euros para un seguimiento y posible auditoría. Agilizar estos procesos es crucial, pero también se requiere una mayor capacidad de decisión y control por parte de las entidades que gestionan estos recursos. El visto previo sirve para verificar la legalidad de los contratos y prevenir irregularidades antes de que produzcan sus consecuencias. La reforma busca equilibrar la reducción del control previo con un mayor énfasis en la fiscalización durante y después de la ejecución. La eficacia de esta reforma dependerá de la capacidad para prevenir, detectar y corregir irregularidades a tiempo. La simplificación solo será un avance si hace que las decisiones públicas sean más rápidas y mantiene un control eficaz. El Estado necesita decidir mejor y más rápido, y los contribuyentes deben estar seguros de que su dinero sigue protegido. Apoye el periodismo independiente y riguroso suscribiéndose a ECO Premium para acceder a noticias exclusivas y reportajes que muestran el otro lado de la historia.
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