La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado iniciar un procedimiento sancionador al secretario general del PP, Miguel Tellado, tras una entrevista concedida en la televisión pública donde solicitó el apoyo electoral para Vox en aquellas circunscripciones donde los populares no presentan candidaturas al Senado, y viceversa, pidiendo el voto para su propia formación donde no concurre su socio. Esta intervención provocó la inmediata reacción del Partido Socialista y de Frente Amplio, que elevaron una denuncia ante el organismo electoral al considerar que se vulneraba la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 53, el cual prohíbe explícitamente la petición de sufragios antes del arranque oficial de los comicios para garantizar la igualdad entre formaciones. Tras analizar la actuación, la autoridad electoral ha determinado que los argumentos esgrimidos por el dirigente del Partido Popular no pueden catalogarse como un comentario espontáneo, destacando la persistencia y la reiteración a lo largo de un extenso diálogo donde insistió de manera deliberada en clarificar las opciones políticas que debían recibir respaldo. La resolución descarta así la falta de intencionalidad en su conducta, a la vez que recuerda la prohibición legal vigente sobre estas prácticas en periodo de precampaña. Sin embargo, el organismo ha desestimado la pretensión de los denunciantes de exigir la retirada de los contenidos de los soportes de la Corporación de RTVE y ha descartado elevar el asunto al Ministerio Fiscal para apreciar posibles responsabilidades penales. En un movimiento paralelo que pone de manifiesto la disparidad de criterio en los pronunciamientos del organismo arbitral, la misma Junta Electoral Central ha procedido al archivo de otra denuncia presentada por el mismo partido de la oposición contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por hechos similares de llamamiento al voto en otra entrevista previa al inicio de los comicios. En este segundo supuesto, la JEC consideró que las afirmaciones del dirigente de Vox carecían de la entidad suficiente para la apertura de un expediente disciplinario al haberse producido en el marco de respuestas a preguntas de los entrevistadores, un factor que, a su juicio, introducía un componente de espontaneidad y eximía de una intencionalidad punible, dejando de nuevo en manos de los denunciantes la vía de acudir directamente a la fiscalía si lo estimaban oportuno. Fuente: The Objective
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