Reflexiones para el nuevo ministro de Justicia

Fuente: Lawandtrends · juridica · nacional, España

Reflexiones para el nuevo ministro de Justicia

La Justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. Su fortaleza no solo se mide por la rapidez de las sentencias o la modernización de sus estructuras, sino también por su capacidad para ofrecer respuestas adecuadas a los conflictos de las personas y proteger sus derechos. Si tuviera la oportunidad de dirigirme al futuro ministro de Justicia, le haría algunas reflexiones desde el máximo respeto institucional y humano, pero también desde la convicción que proporciona el ejercicio profesional de la abogacía, la mediación y la gestión de conflictos. Creo que le pediría, fundamentalmente, convicción, continuidad, coherencia y compromiso. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de EP ha supuesto un avance significativo en la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) a nuestro sistema de justicia. Sin embargo, aprobar una ley no significa haber transformado una cultura. Y precisamente ahí reside, a mi entender, uno de los mayores desafíos de los próximos años. Me centraría en 10 + 1 peticiones: Primero, que los MASC sean una política pública de Estado y no una iniciativa vinculada a un determinado Gobierno. La cultura del diálogo no pertenece a ninguna ideología política. La mediación, la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo y los demás mecanismos adecuados de solución de controversias representan herramientas al servicio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Por ello, pediría que su desarrollo se abordara desde una perspectiva institucional estable, con vocación de permanencia, cooperación entre administraciones y respeto a las competencias autonómicas. La Justicia necesita proyectos que sobrevivan a los ciclos electorales. Y la consolidación de los MASC merece ser uno de ellos. Segundo, que no confundamos el cumplimiento de un requisito procesal con una verdadera oportunidad de diálogo. Un riesgo que debemos evitar es convertir los MASC en un mero trámite documental previo a la presentación de una demanda. La ciudadanía debe percibir estos mecanismos como una oportunidad efectiva, informada y de calidad para gestionar el conflicto. Tercero, que la calidad profesional sea una exigencia irrenunciable. La mediación exige competencias específicas. La conciliación requiere preparación y conocimiento. El derecho colaborativo incorpora una metodología propia, así como una nueva oportunidad para la abogacía y la negociación jurídica demanda conocimientos, responsabilidad y habilidades comunicativas. Por ello, pediría un compromiso decidido con la formación especializada, la actualización permanente, la ética profesional y los estándares de calidad. Cuarto, que el acceso a los MASC no dependa de la capacidad económica de las personas. Una justicia verdaderamente accesible no puede reservar los mecanismos de resolución dialogada a quienes disponen de recursos suficientes para financiarlos. Debemos avanzar hacia sistemas que permitan a las personas vulnerables acceder a servicios profesionales de mediación y otros MASC, con financiación adecuada, información accesible y garantías efectivas. Quinto, que la prevención de los conflictos forme parte de nuestra concepción de la Justicia. Durante demasiado tiempo hemos concentrado los esfuerzos en resolver conflictos cuando ya se encuentran profundamente deteriorados. ¿Por qué no apostar también por prevenirlos? La educación en habilidades comunicativas, la gestión de las discrepancias en los centros escolares, la intervención temprana en las organizaciones, los mecanismos de diálogo comunitario y la formación de profesionales constituyen inversiones sociales de enorme valor. Sexto, que acerquemos la justicia dialogada a los espacios donde realmente viven las personas. Los conflictos no nacen en los juzgados. Surgen en las familias, las comunidades de propietarios, las empresas, los centros educativos, los hospitales, los servicios sociales y nuestros barrios. Por eso, los MASC no deberían desarrollarse exclusivamente alrededor de la actividad judicial. Es necesario reforzar su presencia en el ámbito local, sanitario, comunitario, educativo y organizacional, respetando las particularidades de cada sector y su correspondiente marco jurídico. Séptimo, que la abogacía ocupe el lugar que le corresponde en esta transformación. La abogacía no debe contemplarse como un operador ajeno a los MASC. Muy al contrario, constituye una pieza fundamental para su desarrollo. El asesoramiento jurídico, la identificación del mecanismo más adecuado, la protección de los derechos de las partes y la construcción de acuerdos jurídicamente seguros forman parte de su responsabilidad profesional. Octavo, que evaluemos los resultados con rigor y transparencia. Toda política pública necesita mecanismos de evaluación. Pediría la creación o consolidación de sistemas de información que permitan conocer la utilización real de los MASC, sus resultados, los niveles de satisfacción de las personas participantes y su impacto en el funcionamiento del sistema judicial, siendo todo ello de acceso público dada la transparencia que debería tener. Noveno, que la transformación digital no nos haga olvidar la dimensión humana de la Justicia. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades extraordinarias para mejorar la información, la accesibilidad y la gestión de los procedimientos. Sin embargo, no deberíamos confundir eficiencia tecnológica con la expresión de calidad relacional. Los conflictos afectan a personas que sienten, temen, discrepan, sufren y necesitan ser escuchadas y atendidas. La tecnología puede ayudarnos a organizar mejor los procesos, pero no debería sustituir indiscriminadamente el valor de la escucha, la empatía, el reconocimiento y la intervención profesional. Décimo, que no olvidemos la justicia restaurativa y la responsabilidad social del diálogo. Una concepción moderna de la Justicia debe incorporar, allí donde resulte jurídicamente adecuado y con las garantías necesarias, espacios para la reparación del daño, la responsabilización y la reconstrucción de relaciones. La justicia restaurativa, especialmente en determinados contextos comunitarios, educativos y penales, nos recuerda que la respuesta institucional al conflicto no siempre debe limitarse a determinar responsabilidades e imponer consecuencias. También puede contribuir a reconocer el daño, atender a las víctimas y favorecer procesos responsables de reparación. Una última petición, escuchar y atender a quienes trabajan cada día con los conflictos. Finalmente, pediría al futuro ministro de Justicia que mantuviera una interlocución permanente con los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones especializadas, los operadores jurídicos y las organizaciones que llevan años trabajando en este ámbito. Existe conocimiento acumulado, experiencia práctica y un compromiso profesional que merece ser escuchado y aprovechado. Las reformas no pueden construirse exclusivamente desde los despachos institucionales, sino que más bien necesitan el contraste con la realidad cotidiana de quienes acompañan a las personas en sus conflictos. Por favor, no pensemos que se trata de enfrentar la justicia judicial con la justicia dialogada. Ambas deben complementarse, respetarse y reforzarse mutuamente, ¿sino qué sentido tiene hablar de justicia? Los tribunales seguirán siendo, del todo imprescindibles para garantizar derechos y resolver aquellas controversias que requieran una decisión jurisdiccional. Pero una sociedad democrática madura y consciente debe ofrecer a su ciudadanía distintas puertas de acceso a soluciones justas y adecuadas tal y como marca y refuerza nuestro estatuto general de la abogacía y código deontológico. Por tanto, y centrados plenamente en el artículo, solicitaría al nuevo ministerio de Justicia que no creyera en la mediación por una cuestión de fe. Le pediría que conociera su potencial, escuchara a quienes la practican, evaluara sus resultados y contribuyera a desarrollar las condiciones necesarias para que funcione con garantías y operativa necesaria. La Ley Orgánica 1/2025 de EP ha abierto una puerta importante que ahora corresponde evitar que quede reducida a un simple trámite de paso hacia los tribunales y nada más. Que no se trate de escurrir el bulto sino más bien de dar la cara ante el conflicto encontrando el espacio que mejor se adapte a los interesados. Tengo muy claro que el verdadero cambio de paradigma no va a producirse cuando hayamos conseguido que las personas acrediten haber intentado negociar antes de demandar, sino cuando hayamos logrado que nuestra sociedad y comunidad comprenda que dialogar, negociar y construir acuerdos no es una señal de debilidad, sino una expresión de responsabilidad, madurez democrática y compromiso con la convivencia. Y ese debería ser, también, uno de los grandes compromisos de cualquier futuro ministro o ministra de Justicia.

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