El abogado Víctor Soriano, socio director de Soriano i Piqueras, ha denunciado retrasos en la tramitación de solicitudes de medidas cautelares en procedimientos por presuntas estafas en los que interviene su despacho. Según sostiene, algunas peticiones llevan meses pendientes de resolución pese a que la acusación ha identificado cuentas bancarias y bienes sobre los que solicita actuar. El letrado considera que estas demoras pueden reducir las posibilidades de recuperar las cantidades reclamadas. «Cuando finalmente se adopten las medidas, es posible que ya no quede nada que embargar», advierte. La denuncia se recoge en un comunicado del despacho, que expone varios casos sin aportar las resoluciones o los expedientes que permitan contrastar su situación procesal ni la versión de los órganos judiciales mencionados. Entre los ejemplos, Soriano cita el de un particular que denuncia una estafa de un millón de euros en Madrid. Según explica, la solicitud de medidas cautelares se presentó en marzo y todavía no ha obtenido respuesta, aunque la acusación habría identificado las cuentas de los investigados. El despacho describe una situación similar en Coslada, donde un afectado por una presunta estafa de más de 300.000 euros solicitó en junio el embargo de bienes y cuentas bancarias. De acuerdo con su relato, cinco meses después la petición continúa sin resolverse. También menciona un procedimiento ante la Audiencia Nacional relacionado con una presunta estafa de casi 100.000 euros, con medidas patrimoniales solicitadas en junio, y otro en Valencia en el que una empresa espera desde 2025 una decisión sobre medidas personales, entre ellas la retirada del pasaporte a un investigado. Soriano subraya que la rapidez resulta especialmente relevante en los procedimientos por delitos económicos, ante la posibilidad de que los fondos se transfieran o los bienes dejen de estar disponibles. «Una cuenta bancaria se puede vaciar en minutos», señala el abogado, que reclama que las solicitudes urgentes se examinen y resuelvan con diligencia, sin anticipar el resultado del proceso penal. Según afirma, los escritos de impulso procesal y las gestiones de los procuradores ante las oficinas judiciales no han conseguido desbloquear algunos de los asuntos citados. El letrado dirige sus críticas al funcionamiento administrativo de determinados órganos y al impulso procesal. Atribuye parte de las demoras a la actuación de las oficinas judiciales y de los letrados de la Administración de Justicia, aunque el comunicado no permite determinar las causas concretas de cada retraso. Soriano reclama un mayor seguimiento de los tiempos de tramitación y considera insuficiente invocar la carga de trabajo como explicación general. A su juicio, la demora no solo afecta a las expectativas económicas de los perjudicados, sino también a su confianza en la Justicia. Su petición, concluye, es que los órganos judiciales estudien y resuelvan las medidas solicitadas para preservar, cuando proceda, el patrimonio de los investigados.
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