La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que utilizaba identidades robadas para abrir cuentas en plataformas de apuestas en línea, apropiándose de las ganancias mientras las víctimas se enfrentaban a impuestos injustos. La operación, anunciada el 8 de noviembre de 2026, ha resultado en 12 detenciones, 11 personas investigadas y 36 víctimas identificadas. Los delincuentes empleaban ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener copias de sus documentos de identidad. Una vez obtenidas las identidades, creaban perfiles en plataformas de juego, haciendo que los legítimos titulares de los documentos aparecieran como los titulares efectivos de las cuentas. El problema salió a la luz durante la campaña de presentación de la declaración de la renta de 2025, cuando numerosos ciudadanos descubrieron en sus documentos fiscales supuestos beneficios derivados de apuestas que nunca habían realizado. Las cantidades estaban sujetas a tributación, por un importe total impugnado de 121.355 €. Para hacer frente a este tipo de fenómenos, España ha introducido nuevas disposiciones que entraron en vigor el 28 de octubre de 2026, mediante el Real Decreto 813/2026. La medida establece que los operadores de juegos de azar en línea que cuenten con una licencia estatal deben verificar que el titular de la cuenta de juego coincida con el del método de pago utilizado. El objetivo es impedir que terceros utilicen tarjetas bancarias o monederos electrónicos a nombre de otras personas para mover dinero a través de cuentas abiertas con identidades robadas. La disposición surge también a raíz del aumento de las denuncias: según los datos del Protocolo PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), en 2025 las denuncias por suplantación de identidad relacionadas con el juego en línea aumentaron un 12%, hasta alcanzar la cifra de 8 675. Las nuevas normas se aplican de forma inmediata a las cuentas abiertas a partir del 28 de octubre de 2026. Para las ya existentes, en cambio, se prevé un período transitorio de seis meses, durante el cual los operadores deberán adaptar sus sistemas.
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