España ha experimentado un aumento del 24% en la recogida de residuos electrónicos, según el VII Informe Anual de Recyclia. Este avance es importante, pero no garantiza la recuperación de todos los materiales. Recyclia destaca que el reciclaje de baterías y residuos electrónicos necesita capacidad industrial para convertir esos materiales en nuevos recursos. Ana María Domínguez Viana, responsable de Economía Aplicada de AFI, señala que existen obstáculos técnicos, administrativos y económicos que impiden el avance del sector. Además, Domínguez Viana advierte que almacenar aparatos y baterías innecesarios en los hogares impide tratarlos. La circularidad se demuestra siguiendo el material hasta su reincorporación productiva, no dando por cerrado el proceso de reciclaje cuando llega a una planta. Renovables, almacenamiento, movilidad eléctrica y alta tecnología dependen de materias primas cuyo suministro está concentrado geográficamente. Recuperarlas puede diversificar el abastecimiento y reducir parte de esa vulnerabilidad. La referencia europea para 2030 prevé que se contará con una capacidad de reciclaje que pueda producir al menos el 25% de materias primas estratégicas necesarias para cubrir el consumo anual. Esto no significa que cada batería deba contener un 25% de materiales reciclados ni que Europa haya alcanzado ya esa capacidad. El reciclaje de baterías necesita instalaciones, tecnología y procedimientos administrativos previsibles. Las autoridades deben resolver permisos con rigor; los promotores, acreditar viabilidad y cumplimiento ambiental. Competir rebajando los controles trasladaría los costes al entorno. La alternativa es mejorar los procesos, los rendimientos y los mercados para los materiales recuperados. Una transición industrial que pierde recursos aprovechables acaba por mantener la dependencia que pretende reducir. Domínguez Viana advierte de que almacenar aparatos y baterías innecesarios en los hogares impide tratarlos. Pero la sensibilización no sustituye a una recogida accesible, a contar con información clara y tener servicios que funcionen. Fabricantes, distribuidores y sistemas de gestión deben facilitar la devolución y el reciclaje de baterías. Las administraciones deben vigilar los circuitos de tratamiento y exigir resultados comparables. Responsabilizar únicamente al consumidor dejaría fuera decisiones sobre diseño, durabilidad y reparación.
También lo cubren: ECOticias.com.
Ver más en NewsToday