El Gobierno ha publicado un real decreto que establece descuentos del 25% en servicios de internet y teléfono para beneficiarios del ingreso mínimo vital. Esta medida se enmarca en la nueva regulación del servicio universal de telecomunicaciones, que busca garantizar precios asequibles para personas con menos recursos. La norma, recogida en el Real Decreto 1026/2026, considera a los beneficiarios del ingreso mínimo vital como consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá determinar anualmente el precio medio de mercado de los servicios incluidos en el servicio universal. Cuando el organismo considere que las tarifas disponibles no son asequibles, podrá imponer a los operadores afectados la obligación de ofrecer a los perceptores del ingreso mínimo vital abonos sociales con una rebaja del 25% respecto al precio medio de mercado. El sistema contempla servicios de acceso a internet de banda ancha y comunicaciones de voz desde una ubicación fija. La regulación también protege el acceso a estos descuentos cuando el usuario contrate paquetes que incluyan otros servicios, como telefonía móvil, siempre dentro de las condiciones establecidas. La aplicación del mecanismo requiere actuaciones de la CNMC y de los operadores, con los plazos y condiciones previstos en la norma. Por eso, quienes estén interesados deberán comprobar qué ofertas sociales se encuentran disponibles y si cumplen los requisitos correspondientes. La nueva regulación tiene especial interés en un momento en el que disponer de conexión a internet resulta necesario para realizar trámites administrativos, buscar empleo, estudiar o acceder a determinados servicios públicos. #InternetAsequible #InclusiónDigital #IngresoMínimoVital
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