El Estado del bienestar se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más duros del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No fue una discusión abstracta sobre modelos económicos. Ni una sucesión de promesas electorales destinadas a quedar sepultadas bajo el ruido de la campaña. Fue un choque directo sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos cuando enferman, envejecen, necesitan una educación de calidad o dependen de un transporte público seguro. Y, sobre todo, fue una confrontación sobre quién debe asumir la responsabilidad cuando los servicios públicos fallan. La batalla comenzó con las pensiones. Pero pronto derivó hacia los accidentes ferroviarios, la sanidad, las universidades, la educación y la financiación autonómica. El deterioro de la confianza ciudadana en unos servicios públicos que constituyen uno de los principales elementos de cohesión social en España. El presidente del Gobierno abrió el bloque con una declaración de principios. «No hay crecimiento económico si no se reparten los frutos de ese crecimiento económico». Sánchez utilizó esta idea para reivindicar las subidas del salario mínimo, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el incremento de los salarios de los funcionarios. Pero su intervención tuvo una intención esencialmente política. El presidente quiso presentar un eventual Gobierno de Feijóo con Santiago Abascal como un riesgo de involución en materia social. «Ustedes van a por las pensiones», afirmó. Antes de acusar al PP de haber cuestionado la sostenibilidad del sistema público y de haber actuado anteriormente contra la sanidad y la educación públicas. El argumento de Sánchez se apoyó también en el compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Una cuestión que utilizó para exigir explicaciones sobre la financiación de esa decisión. Según sus cálculos, supondría 80.000 millones de euros adicionales al año durante diez años. La pregunta que lanzó a Feijóo fue inequívoca. «¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos?». El presidente intentaba situar al líder popular ante una contradicción política. Defender simultáneamente un incremento extraordinario del gasto militar y el mantenimiento de todas las prestaciones sociales sin explicar de dónde saldrían los recursos. También evocó los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Recordó la congelación de las pensiones y los ajustes aplicados a la sanidad y la educación. Su estrategia consistía en advertir de que la historia económica del PP podía repetirse si llegaba nuevamente al poder. La respuesta del líder popular desplazó inmediatamente el debate hacia uno de los asuntos más delicados de la legislatura. Los accidentes ferroviarios y la responsabilidad política sobre la seguridad de las infraestructuras. «Los servicios públicos no se proclaman, señor Sánchez, se gestionan», sentenció Feijóo. La frase resumió su estrategia. El candidato popular quiso abandonar el terreno de las declaraciones ideológicas para obligar al presidente a responder sobre decisiones concretas de gestión. Acusó al Ministerio de Transportes de haber acumulado problemas de corrupción, incompetencia y falta de mantenimiento. Y reclamó explicaciones por las tragedias ferroviarias. Su intervención alcanzó una dureza extraordinaria cuando cuestionó la reacción personal del presidente después de los accidentes. Feijóo le reprochó haber acudido a un mitin del PSOE dos días después del funeral de Estado. Y le preguntó. «Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se podría bailar a las 48 horas?».
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