La nueva ley europea ha facilitado el acceso a pruebas digitales en investigaciones criminales, permitiendo a las autoridades portuguesas contactar directamente con empresas tecnológicas en otros países de la UE. Esta medida reduce la burocracia y acelera el proceso de obtención de pruebas digitales, que antes podía demorarse semanas o meses. Los expertos destacan que la efectividad de esta ley dependerá de factores como el refuerzo de los medios humanos, la formación de las magistraturas y el aumento de la inversión en medios tecnológicos. Además, la ley exige que las empresas digitales designen un representante legal para recibir y ejecutar órdenes judiciales europeas, lo que garantiza una cooperación más efectiva y rápida en investigaciones de gran complejidad. La rapidez en la obtención de pruebas digitales se ve reforzada por la introducción de un régimen contraordenacional con coimas pesadas para las empresas que no cumplan con los plazos legales establecidos.
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