El Ministerio de Igualdad ha sido acusado de ignorar durante meses las advertencias de la Justicia sobre las fallas en las pulseras antimaltrato. Estas incidencias, que han sido documentadas oficialmente, han afectado tanto a la protección de las víctimas como a la resolución de procedimientos penales. Los jueces han alertado sobre las consecuencias de estas fallas, que incluyen dificultades para determinar la ubicación de los investigados o condenados, lo que ha complicado la obtención de pruebas en casos relacionados con el incumplimiento de órdenes de alejamiento. La situación ha generado preocupación entre los operadores judiciales de varios territorios, quienes han señalado las carencias del servicio encargado de controlar los dispositivos. Además, la gestión del contrato público para la adjudicación del servicio se encuentra bajo investigación europea por posibles irregularidades.
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