El abogado de Alerta Solidària, Eduardo Cáliz, ha denunciado que la prisión preventiva impuesta a tres jóvenes vaguistas de Sant Martí es un castigo político más que un acto jurídico. Cáliz argumenta que la medida no cumple con los requisitos establecidos por la normativa y la jurisprudencia, y que los jóvenes, sin antecedentes y con vidas estables, no representan un peligro de fuga ni de reincidencia. La defensa ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. La portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha expresado su solidaridad con los manifestantes y criticado el discurso criminalizador del Gobierno del PSC.
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