Las negociaciones climáticas de la ONU en la cumbre de la COP31, celebrada en Turquía, se han convertido en el escenario de una severa confrontación diplomática e industrial. En el centro del debate no solo figuran los compromisos de emisiones, sino una tirantez económica abierta entre China y la Unión Europea. Pekín ha aprovechado los encuentros multilaterales para denunciar que el aumento del proteccionismo occidental sobre sus industrias clave (desde paneles solares hasta vehículos eléctricos y baterías) amenaza con entorpecer la electrificación mundial y ralentizar la transición ecológica. El malestar chino se hizo patente durante la reunión al margen de la cumbre entre el viceministro chino de Ecología y Medio Ambiente, Li Gao, y el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra. Aunque el encuentro oficial estuvo centrado en la ciencia climática y la electrificación, fuentes al tanto de las conversaciones confirmaron que el comercio ocupó un lugar prioritario. Esta postura coincide con el mensaje del presidente chino, Xi Jinping, en el foro de la APEC en Shenzhen, donde alertó sobre un avance «desenfrenado» del unilateralismo y advirtió que la falta de impulso en el crecimiento global se ve agravada por barreras comerciales injustificadas. Durante las mesas redondas ministeriales en Turquía, la delegación china elevó el tono contra las políticas que obstaculizan el libre flujo de tecnologías limpias. China sostuvo abiertamente que los desafíos impuestos por medidas unilaterales socavan la acción climática colectiva. A juicio de Pekín, los foros multilaterales deben distanciarse de dinámicas de confrontación para centrarse en un ambiente constructivo basado en las oportunidades de la descarbonización. Por su parte, la diplomacia europea buscó mantener una fachada de cordialidad. El ministro de Clima de Irlanda, Darragh O’Brien, cuya nación ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, calificó la reunión bilateral de «muy constructiva». Sin embargo, diplomáticos presentes en la cumbre admiten que el trasfondo fue de una firme exigencia china: las tarifas arancelarias y las restricciones europeas están encareciendo componentes esenciales y obstaculizando la meta global de electrificación. El meollo de la disputa reside en el arrollador dominio chino en las cadenas globales de suministro limpio. En la actualidad, el país asiático fabrica más del 80 por ciento de los paneles solares del mundo, supera el 70 por ciento de la producción global de vehículos eléctricos y controla más del 80 por ciento de la fabricación mundial de baterías. Este monopolio industrial genera inquietud en las capitales europeas, que temen quedar subordinadas a una dependencia tecnológica estratégica en sectores vitales. Para contrarrestar esta asimetría y blindar a su sector automotriz, la Unión Europea ha desplegado medidas defensivas. Entre ellas destacan los aranceles de hasta el 35,3 por ciento aplicados a la importación de vehículos eléctricos chinos. Paralelamente, Bruselas diseña normativas de preferencia comunitaria que exigirán que productos como inverters, vehículos y tecnologías limpias se fabriquen localmente para acceder a subsidios públicos. La postura europea argumenta que resulta indispensable cultivar capacidades industriales propias, recordando antecedentes donde el control de suministros se utilizó como palanca de presión, como ocurrió con las restricciones de semiconductores a la filial holandesa de Nexperia.
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