El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un dictamen que desestima la estrategia del Gobierno español para evitar el pago de 2.367 millones de euros en laudos arbitrales relacionados con las energías renovables. El abogado general del TJUE ha desactivado el argumento de las ayudas de Estado, lo que abre la posibilidad de que España deba afrontar este cuantioso pago. Este dictamen es un revés significativo para la política energética del Ejecutivo, que ha intentado durante años eludir estas responsabilidades financieras. Los laudos arbitrales en cuestión se refieren a decisiones tomadas en el pasado que ahora se consideran ilegales bajo el derecho comunitario. La resolución del TJUE podría tener un impacto considerable en las finanzas públicas y en la política energética del país.
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