El Partido Popular ha anunciado que derogará el decreto de centros de datos, aprobado por el Consejo de Ministros, que ha sido criticado por la patronal SpainDC y la asociación Multinacionales de España. Las empresas extranjeras han pedido un diálogo riguroso con el Gobierno para revisar las exigencias que consideran inasumibles y que ponen en riesgo la viabilidad del sector. El decreto obliga a que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de energía renovable, lo que ha sido considerado como una prohibición de facto para la instalación de centros de datos en España. El sector teme que los requisitos, plazos y sanciones actúen como una prohibición y frenen nuevas inversiones. Las empresas extranjeras han solicitado una evaluación rigurosa del impacto económico, un diálogo continuado para garantizar la viabilidad de las exigencias y que la norma se alinee con el marco europeo, respetando seguridad jurídica, previsibilidad y proporcionalidad. El Partido Popular considera que el decreto prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos y aísla a España de inversiones tecnológicas, por lo que promete derogarlo y sustituirlo por una norma que permita su desarrollo y sostenibilidad. España se juega mucho en este proceso, ya que cuenta con importantes ventajas para consolidarse como uno de los principales polos digitales de Europa. Sin embargo, la estabilidad y la previsibilidad del marco regulatorio son determinantes para atraer y desarrollar inversiones de esta magnitud. La patronal SpainDC ha presentado críticas y alegaciones, advirtiendo de la pérdida de inversión que podría sufrir el sector. El sector teme que los requisitos, plazos y sanciones actúen como una prohibición de facto y frenen nuevas inversiones. El decreto afecta a centros nuevos o ampliaciones con potencia de acceso igual o superior a diez megavatios, y los centros desde quinientos kilovatios deben cumplir obligaciones de reporte anual.
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