La Audiencia ha dictado una sentencia firme que condena a dos años de prisión a una cuidadora por apropiarse indebidamente de fondos pertenecientes a un matrimonio al que asistía profesionalmente. Durante el proceso judicial, la empleada reconoció haber efectuado tres extracciones de dinero en efectivo por un valor total de dos mil euros utilizando una tarjeta bancaria de titularidad ajena. Sin embargo, su defensa se basó en el argumento de que obraba bajo el consentimiento del esposo, quien presuntamente le habría pedido realizar dichas operaciones de manera oculta respecto a su esposa. Los magistrados encargados del caso han desestimado por completo esta versión exculpatoria al carecer de respaldo probatorio sólido y no encajar con la lógica de protección patrimonial que debe imperar en el entorno doméstico de personas de avanzada edad. Este tipo de actuaciones suponen un quebrantamiento flagrante de la confianza depositada en los profesionales que se dedican al cuidado y asistencia de ciudadanos en situación de dependencia. La resolución judicial reafirma la necesidad de castigar con firmeza cualquier aprovechamiento ilícito del patrimonio ajeno, especialmente cuando las víctimas se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad frente a quienes tienen la obligación de velar por su bienestar diario dentro de su propio domicilio. Fuente: LA RAZÓN #Sucesos #Justicia #Actualidad #Tribunales
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