La Federación Ecologistas en Acción Granada ha criticado el respaldo institucional a las obras del centro de datos de Escúzar, tras la visita del consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta, José Antonio Nieto, mientras aún no se les ha facilitado, según ha resaltado, la documentación solicitada para conocer el alcance del proyecto y sus posibles repercusiones ambientales. La federación ha considerado que el apoyo público a una iniciativa de estas características 'debe ir acompañado de transparencia, información contrastable y garantías de participación ciudadana'. La población tiene derecho a conocer cómo puede afectar a su entorno una instalación de esta naturaleza, especialmente en cuestiones como el consumo de agua, la demanda energética, el ruido y la ocupación del suelo. Afirmar que el centro de datos es sostenible, no es suficiente. El acceso a esta información no es una concesión discrecional de las administraciones, sino 'un derecho reconocido por la normativa tanto europea como estatal y que establece tres pilares fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia'. Ecologitas ha recordado que la normativa andaluza sobre gestión ambiental contempla el acceso a la información y la participación pública en los asuntos con incidencia ambiental. La Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, recoge expresamente la garantía de una participación real y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones en esta materia. Por ello, Ecologistas en Acción Granada ha reclamado al Ayuntamiento de Escúzar y a los órganos competentes de la Junta de Andalucía que faciliten la documentación ambiental del proyecto que obre en su poder, incluidos los estudios, informes, autorizaciones y condiciones ambientales que resulten aplicables, así como la información disponible sobre sus necesidades hídricas y energéticas, sus sistemas de refrigeración y sus posibles afecciones acústicas. La organización ha exigido también que se identifiquen los procedimientos seguidos y los trámites de información pública y participación realizados o previstos. La ciudadanía no puede limitarse a recibir anuncios sobre inversiones y actos de respaldo institucional. Debe poder conocer la documentación ambiental relevante, contrastar los datos y participar, en los términos legalmente previstos, antes de que las decisiones estén cerradas. Desde Ecologistas en Acción Granada advertimos, además, de que la agilización administrativa o la consideración estratégica de una inversión no pueden utilizarse para eludir los derechos de información y participación ni las exigencias ambientales aplicables. La propia regulación andaluza de las inversiones de interés estratégico establece que su impulso preferente y urgente debe respetar los derechos generales de la ciudadanía. La organización ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Escúzar información sobre las obras y anuncia que analizará la documentación que reciba con su gabinete jurídico. Asimismo, realizará un seguimiento de la construcción y de las afecciones ambientales de la instalación, con especial atención al agua, la energía y el ruido. No cuestionamos la innovación tecnológica por sí misma, exigimos que cualquier proyecto se desarrolle con transparencia, respeto a la legalidad y garantías ambientales. La ciudadanía tiene derecho a conocer sus posibles impactos y las administraciones tienen la obligación de facilitar el ejercicio de ese derecho.
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