En un mundo donde gigantes como Amazon, Google y las grandes plataformas digitales controlan nuestros hábitos y preferencias, ¿quién protege al ciudadano cuando sale del trabajo y se convierte en consumidor? La pregunta no es menor. Vivimos en una sociedad donde estas empresas acumulan una capacidad económica y tecnológica difícil de imaginar hace apenas unas décadas. Empresas que conocen nuestros hábitos, anticipan nuestras preferencias y deciden qué productos nos muestran, todo ello con el propósito de facilitarnos la vida y, de paso, vendernos cosas que probablemente no necesitábamos. El geógrafo David Harvey sostiene en 'Breve historia del neoliberalismo' (2005) que el neoliberalismo no consiste simplemente en retirar al Estado de la economía, sino en reorientar su poder para favorecer determinadas estructuras de mercado. La distinción tiene su importancia. Porque cuando alguien reclama menos intervención pública, convendría preguntarle qué intervención pretende eliminar exactamente. El Estado parece resultar bastante útil cuando debe garantizar la propiedad privada, rescatar entidades financieras o proteger los intereses empresariales. Otra cosa es cuando pretende inspeccionar, regular o imponer una multa a una gran compañía. Entonces, por lo visto, empieza a convertirse en un estorbo. Y aquí aparece una particularidad interesante. A diferencia de lo que ocurre en las relaciones laborales, el conflicto entre empresas y consumidores no responde necesariamente a una división de clases. Un asalariado, un autónomo o incluso un empresario pueden encontrarse en una situación de absoluta inferioridad frente a una multinacional que establece unilateralmente sus condiciones comerciales. Por eso considero importante la existencia de un Ministerio de Consumo con competencias reales. No porque los consumidores necesiten que un funcionario los acompañe al supermercado, sino porque alguien debe vigilar que las empresas cumplan unas reglas mínimas. Y, sobre todo, porque esas reglas deben tener consecuencias para quienes decidan saltárselas. Pensemos en Ryanair. La aerolínea irlandesa, cuya habilidad para convertir cualquier aspecto de un viaje en un suplemento de pago resulta casi admirable, recibió en 2024 una sanción de más de 107 millones de euros por prácticas que Consumo consideró abusivas. Las multas impuestas a cinco aerolíneas alcanzaron conjuntamente los 179 millones. Las compañías han recurrido las decisiones, como están en su derecho. Pero el episodio plantea una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar la libertad empresarial cuando entra en conflicto con los derechos de los pasajeros. Tampoco se quedó atrás MediaMarkt, sancionada por anunciar falsas rebajas durante el Black Friday de 2023. Según la investigación de Consumo, algunos operadores habían incrementado previamente los precios de determinados productos para después presentar como grandes descuentos lo que no eran tales. Una estrategia comercial de una sofisticación extraordinaria: subir el precio para poder bajarlo. Y, si cuela, celebrar que el cliente se marche convencido de haber hecho el negocio de su vida.
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