El Gobierno español ha dado un paso significativo al imponer condiciones energéticas y ambientales a los centros de datos, exigiendo eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, la regulación también debe abordar el consumo acumulado de recursos, la disponibilidad de agua y los costos que podrían trasladarse a otros usuarios. Los centros de datos necesitan electricidad, agua, suelo e infraestructuras físicas, y su expansión descontrolada ha generado dudas y desinformación. La nueva normativa, que se publica en el BOE, debería responder a preguntas cruciales sobre la necesidad de este boom de centros de datos y quién se beneficia realmente. La regulación supone un avance pionero en la gestión de la 'nube digital', pero también es una barrera necesaria contra la expansión acelerada impulsada por la industria tecnológica y el capital nacional.
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