El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, ha cuestionado el argumento con el que España se niega a pagar las condenas arbitrales por el recorte de las primas a las renovables. En sus conclusiones sobre el caso Micula, que enfrenta a Rumanía con unos inversores suecos, sostiene que indemnizar a un inversor por un cambio de las reglas no equivale automáticamente a darle una ayuda de Estado prohibida. Es la tesis contraria a la que defienden el Gobierno español y la Comisión Europea. Y llega cuando la factura pendiente asciende ya a 2.367 millones de euros, repartidos en cerca de una treintena de laudos, según las cifras de los fondos acreedores que recoge Europa Press. El abogado general propone anular el artículo 1 de la decisión con la que la Comisión calificó de ayuda de Estado la indemnización a los Micula, según Europa Press. El asunto ha llegado al Tribunal de Justicia por el recurso de los inversores contra la sentencia que dictó el Tribunal General de la UE en octubre de 2024. Su razonamiento distingue dos cosas. Una es dar una ventaja económica con dinero público, que sí puede ser una ayuda prohibida. Otra es reparar un perjuicio que el propio Estado causó con sus decisiones, que no lo es por sí misma. Y esa distinción, añade, vale también para lo que decide un tribunal arbitral. En ese mismo procedimiento, España presentó un recurso de 'casación adhesiva' para sostener que los inversores no tienen interés legítimo para recurrir ante la justicia europea las decisiones de Bruselas que bloquean el cobro de sus laudos. El abogado general lo rechaza. Rumanía fue condenada en un arbitraje internacional por retirar unos incentivos a la inversión, y la Comisión le prohibió pagar porque lo consideró una ayuda de Estado. España ha usado ese precedente como escudo frente a los inversores que la demandaron por los recortes retroactivos a las renovables de la década pasada. El caso más claro es el de Antin. En marzo de 2025, la Comisión prohibió a España abonar los 101 millones de euros de ese laudo por considerarlo una ayuda incompatible con el mercado interior. Y desde agosto investiga el pago de 32,95 millones a la japonesa JGC Holdings, según Europa Press. Si el Tribunal de Justicia sigue al abogado general, ese escudo se debilita: España tendría más difícil sostener que la Comisión le impide pagar. Los inversores no han esperado a Luxemburgo. Tienen abiertos procesos de embargo de bienes del Estado español en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde los jueces no aplican el derecho europeo de ayudas de Estado. Unas conclusiones como estas refuerzan la posición de los acreedores también fuera de la Unión, porque restan fuerza al principal argumento de España para no pagar. Las conclusiones no son vinculantes, pero el Tribunal de Justicia las sigue en buena parte de los casos. La sentencia del caso Micula no tiene fecha, y de ella dependerá la estrategia que herede el Gobierno que salga de las urnas el 29-N. La decisión de pagar o seguir litigando corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y a Hacienda. No consta que ninguno de los dos haya reaccionado a las conclusiones.
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