La Generalitat de Cataluña está a punto de desbloquear una normativa pendiente desde hace más de una década, que regulará el suministro de medicamentos en residencias de 100 camas o más. Esta medida, que afecta a 169 residencias privadas y 10 públicas, busca poner fin a un modelo basado en acuerdos comerciales entre residencias, farmacias e intermediarios, cuestionado por una investigación del Área Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra. La nueva normativa permitirá a las residencias tener su propia farmacia o recibir y almacenar los medicamentos en el centro, con el suministro y la supervisión de un hospital público. Según las estimaciones, cerca del 98% de las residencias adoptará esta última opción. Este proyecto de decreto busca corregir las zonas grises del sistema actual y garantizar una mayor transparencia en la gestión farmacéutica de estos centros. La regulación se produce tras años de incertidumbre y conflictos legales entre las leyes estatal y catalana. La nueva normativa no solo apunta a regular quién suministra los medicamentos, sino que también incluye medidas para evitar posibles abusos en el sector. La atención farmacéutica en residencias de menos de 100 camas seguirá abasteciéndose a través de farmacias comunitarias. La Generalitat quiere poner orden en el negocio farmacéutico de las grandes residencias catalanas, cuestionado, entre otras razones, por una investigación del Área Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra, como avanzó este medio en 2024. Para ello, avanza con una normativa que regula la compra, distribución y gestión de medicamentos, hasta ahora articulados bajo un modelo poco transparente. La atención farmacéutica en estos centros, de 100 camas o más, se ha gestionado habitualmente a través de acuerdos con farmacias externas, que suministran y organizan la medicación de los residentes. El modelo, basado en pactos comerciales, ha sido objeto de controversia por las relaciones entre residencias, farmacias e intermediarios, que pueden derivar en vínculos económicos o incentivos para trabajar con ciertos proveedores, entre otras prácticas. En 2019, el Departament de Salut ya alarmaba sobre la existencia de un posible cártel de farmacias que concentraba el suministro a estos centros de mayores. Según constató, algunas empresas intermediarias ofrecían programas informáticos de gestión a cambio de que estos centros trabajasen con determinadas farmacias. Salut también comprobó regalos de material a las residencias. Un caso mayor saltó en enero de 2024, cuando los Mossos investigaron si recursos públicos destinados a administrar la medicación de una residencia se habían desviado para beneficiar a centros privados de un mismo grupo empresarial (L'Onada). Según avanzó este medio, la investigación partió de que la gestión de la medicación en las residencias privadas implicaban costes altísimos y, dado que muchos residentes necesitaban varios medicamentos, los operadores buscaban reducir los gastos, aunque sin dejar de lado la seguridad de los tratamientos. Hasta hoy, la atención farmacéutica en las residencias navega entre las legislaciones estatal y autonómica. La ley catalana (de ordenación farmacéutica de 1991) regula los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos, pero nunca llegó a desarrollar un modelo concreto para las residencias. A esta norma se sumó que, en 2012, un decreto estatal estableció que los centros asistidos de 100 camas o más debían contar con un servicio propio de farmacia hospitalaria. Aun así, era posible reemplazarlo por un depósito de medicamentos vinculado a un hospital público si es que la comunidad autónoma lo autorizaba, es decir, que la residencia tuviera un pequeño espacio propio para guardar los fármacos y que el hospital público se encargara de fiscalizar su gestión. Pero la Generalitat recurrió la medida, alegando que el Estado invadía sus competencias. El conflicto escaló al Tribunal Constitucional y, en 2017, dio la razón al Gobierno central. Avaló la obligación de disponer de un servicio de farmacia hospitalaria. Eso sí, las comunidades podían regular las excepciones. La sentencia no implicó cambios reales en Cataluña. Su aplicación quedó atascada, entre otros motivos, porque las leyes estatal y catalana clasificaban las residencias de forma distinta. El asunto finalmente se desbloqueó en noviembre de 2025, cuando el Parlament aprobó una ley que encargaba a Salud y Derechos Sociales un decreto específico para regular la atención farmacéutica en estos centros. Esa es la norma que ahora prepara el Govern. Este proyecto de decreto no solo apunta a saber quién suministra los medicamentos, sino que incluye medidas que buscan corregir algunas zonas grises del sistema actual. La norma afectará a las residencias de 100 camas o más, que podrán tener su propia farmacia o recibir y almacenar los medicamentos en el centro, con el suministro y la supervisión de un hospital público. Según la documentación consultada, esta última opción será la mayoritaria. Salut calcula que la adoptará cerca del 98% de las residencias. Los centros más pequeños podrán seguir abasteciéndose a través de farmacias comunitarias. #Cataluña #Residencia #Medicamentos #Transparencia
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