El Tribunal Supremo ha emitido una resolución que restringe el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. Solo podrán votar aquellos que acrediten que sus antepasados fueron perseguidos políticamente. Esta decisión afecta a un total de 163.355 personas, de las cuales solo 901 han presentado el certificado necesario. El resto no podrán participar en las elecciones generales del 29N. Esta medida se tomó ante las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox, quienes argumentaron que la lista del gobierno español incluía menores, personas duplicadas y otros que ya estaban inscritos en el censo electoral. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen que ninguna de las 163.355 personas incluidas pueda figurar como electora, excepto las 901 que han presentado la certificación consular. Además, el tribunal ha dado hasta el lunes a las 15:00 horas para presentar alegaciones sobre la documentación remesa en relación con la aplicación MiDNI para votar con el DNI electrónico. El PP ha solicitado personarse en el proceso, pero el tribunal exige que especifique en qué concepto pretende personarse, ya que solo podrán actuar como codemandados en el procedimiento.
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