En las últimas semanas, Colombia ha visto un intenso debate sobre el Acuerdo de Paz de 2016. El recorte presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la lentitud en procesar a los victimarios de las Farc han generado indignación. Aunque es comprensible cuestionar la efectividad de la JEP, es irresponsable decir que los 11.000 firmantes del acuerdo son guerrilleros. Estos firmantes se han desmovilizado y han apostado por la paz, participando en proyectos productivos. La diferencia entre ellos y la cúpula de la guerrilla debe ser clara para evitar ponerlos en peligro. La discusión sobre las cifras y la efectividad del acuerdo es compleja, pero no debe confundirse con la realidad de quienes realmente apostaron por la paz.
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