La crisis institucional en Honduras marca un nuevo capítulo en la espiral de confrontación política y judicial que atraviesa el país centroamericano tras las controvertidas elecciones generales del año pasado. El miércoles 18 de noviembre, un juzgado penal de Tegucigalpa emitió una orden de captura inmediata contra Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el requerimiento remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al exfuncionario se le acusa de presuntos delitos electorales y de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución y de la administración pública. La medida llega siete meses después de su destitución, ocurrida mediante un juicio político aprobado por la mayoría parlamentaria bipartidista ultraconservadora. Ochoa, desde el exilio, ha denunciado que esta orden forma parte de un plan orquestado para silenciarlo y que no tiene intención de regresar voluntariamente al país para entregarse a un sistema judicial subordinado a las élites políticas y económicas locales. La persecución judicial también ha alcanzado a otros líderes del partido Libre, como Mario Morazán y Luis Redondo, en un contexto de criminalización de la oposición y uso instrumental de la justicia.
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