Desde el 17 de octubre, las manifestaciones en el centro de Perpignan han sido sistemáticamente prohibidas para proteger los negocios ya afectados económicamente. Los manifestantes argumentan que esto es una violación de su derecho a la libertad de expresión. Los comerciantes, sin embargo, temen más daños y una disminución en sus ingresos. Este conflicto ha llevado a los manifestantes a buscar nuevas rutas alejadas del centro histórico. Según Henri, un observador de la Ligue des droits de l'homme, la última manifestación recorrió 7,5 km. Aunque algunos encuentran humor en la situación, muchos ven esto como una limitación a su derecho constitucional de manifestarse. La prohibición se debe a una serie de incidentes violentos que ocurrieron durante las manifestaciones del 17 de octubre. Una comerciante anónima admite que con los manifestantes violentos, es mejor prevenir que lamentar. Pero Olivier, militante de la CGT, argumenta que las manifestaciones pueden atraer a más gente a los negocios del centro. Perpignan ha sido un símbolo de la desertificación de los centros urbanos, con un 18,9% de locales vacíos en 2026, según la Agencia nacional de cohesión de los territorios. Para algunos manifestantes, la prohibición es un 'aveu de faiblesse' de la municipalidad que no quiere escuchar la movilización. Para los comerciantes, el daño ya es suficientemente grave y no quieren agravarlo más. En este contexto, el centro de Perpignan luce casi desierto, con solo policías patrullando las calles.
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